La Contraloría Social es un mecanismo, creado por la Secretaría de la Función Pública, en el que los beneficiarios de los programas federales de manera organizada pueden verificar el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos públicos mediante acciones de vigilancia de las obras en su localidad.
En este caso la contraloría social va enfocada a las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), el cual tiene como propósito incrementar o sostener la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Este programa cuenta con varios apartados pero los que incluyen el servicio de contraloría social son el apartado urbano (APAUR), el apartado rural (APARURAL) y el apartado de plantas de tratamiento (PTAR).
La contraloría social comprende de las siguientes funciones:
Informar a la comunidad sobre los beneficios a recibir de manera clara y
transparente.
Coordinar la relación entre los beneficiarios y los servidores públicos.
La participación comunitaria debe ser activa y responsable.
Vigilar el proceso constructivo y el seguimiento y control de los recursos públicos
aplicados.
Presentar peticiones, sugerencias, reconocimientos, quejas y denuncias.